Breve Historia Legal de la Tenencia de Tierras en la Peninsula de Osa

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Breve Historia Legal de la Tenencia de Tierras en la Peninsula de Osa

Herbert Ulloa Salas

 

El licenciado Herbert Ulloa Salas es abogado con el bufete ubicado a la par de la oficina de La Leona, 300 metros al oeste de la Bomba Osa.  Especializa en escriturar propiedades en posesión pero desempeña en todos sectores de ley civil.  Communiquése con él al ulloabillo@hotmail.com

SUSESOS

 

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Reserva Forestal

En la serie de artículos para Sol de Osa, referentes a la situación legal de la tenencia de tierra en la Península, nos permitimos hacer una breve reseña de cómo este maravilloso lugar  llega, en materia de ordenamiento territorial y situación legal de tenencia a su situación actual.  Además de estos temas, nos falta referirnos en próximos artículos, a la situación legal del Bambú en Puerto Jiménez, y la Zona Marítima Terrestre en administración de la Municipalidad y la administrada por el MINAE.

Hacemos hincapié, en que el problema de tenencia, afecta en dos direcciones claras, en principio la inseguridad jurídica impide mayores inversiones y en segundo lugar paraliza la economía local,  en el sentido de que  aquellos que no tienen acceso a un título, esto se convierte en un impedimento para usar sus terrenos,  como garantía bancaria para la obtención de un préstamo, ya sea una casa pequeña o una finca de 200 hectáreas, y para complicar aún más la situación, el Banco Nacional dispone reciente e internamente, que las propiedades que se encuentran en Reserva Forestal y que tengan titulo, no pueden ser usadas como objeto de crédito.  Se imaginan un Banco del Estado, que en teoría pertenece a todos los costarricenses,  limitando aun más el acceso al crédito, cosa diferente sucede con el Banco de Costa Rica. Parece que aún no entendemos que el dinero de los créditos sirve para inversión o para mejoras de casas y terrenos, genera más empleo, y pone dinero en el bolsillo de aquellos que quieran trabajar.

Tener el título sobre la propiedad en la que se habita y trabaja es una aspiración legítima, un derecho consagrado en la Constitución Política, y a la cual, los  propietarios tienen acceso a través del trámite de informaciones posesorias (vía judicial) Además a aquellas personas cuya forma de adquirir se las proporcionó el Estado convirtiéndolos en beneficiarios de los programas iniciados, desde los años sesentas a través del ITCO, (luego IDA y ahora INDER) el Estado asumió la titulación, como una de sus obligaciones para procurar el desarrollo de las zonas rurales del país.  El Estado realizaba titulaciones de forma administrativa (sin necesidad del trámite judicial de informaciones posesorias) mediante la declaración de distritos de titulación. También, compraba fincas y redistribuían sus tierras entre campesinos por medio de los proyectos de asentamiento campesino. Esto último continúa como una de las labores del INDER.

En el caso de la Península de Osa, después de una gran lucha social dada por los campesinos de Osa, el Estado adquirió las 100,000 hectáreas propiedad de la Osa Productos Forestales (OPF; Christen, 1975). Estas tierras se dividieron, y en una parte se crea el Parque Nacional Corcovado y en la otra se asientan las familias campesinas desplazadas por la creación del Parque. Se estableció un asentamiento campesino en el cual el mismo gobierno luego reubicó más familias provenientes de otras regiones del país. Los terrenos del asentamiento fueron luego afectados por la creación de la Reserva Forestal Golfo Dulce en 1978. En los terrenos de lo que luego se pasa a conocer como “la finca del IDA” confluyen ocupantes previos a la expropiación de la OPF, con otros reasentados provenientes del área declarada Parque Nacional, además se integran familias traídas por el mismo ITCO para la colonización de la Península.

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Parque Nacional Corcovado

La creación de la Reserva Forestal viene en principio a limitar el uso de los predios ocupados por los campesinos, pero no excluía su potencial titulación. Tanto la ley forestal de 1969, como la ley de Parques Nacionales, permitían la propiedad privada tanto en Reservas Forestales como en Refugios de Vida Silvestre. En aquel momento, el objetivo de las reservas forestales era precisamente la actividad maderera, como una actividad legítima, parte de la economía rural del país.

El abandono, por parte de los gobiernos, de una zona rural distante  como la Península, junto con la crisis de los años ochenta hizo que el proceso de titulación de las tierras en la Reserva Forestal Golfo Dulce se atrasara. Sin embargo, para las familias ocupantes la vida continuaba y se desarrollaban actividades agrícolas así como una incipiente actividad forestal.  La madera resultaba en uno de los pocos productos rentables de la zona. Los madereros, en su mayoría externos a la zona, llevaban ventaja en el negocio ya que ellos controlaban tanto la maquinaria como el trámite de los permisos. Los campesinos al no tener título no tenían acceso a crédito para financiar sus propias operaciones o por lo menos tener una mejor condición para negociar con los madereros.

La expectativa de llegar a otorgar los títulos seguía vigente tanto para los campesinos como para el IDA. Sin embargo, en 1996 con la aprobación de la ley forestal (#7575), la Institución pierda toda posibilidad de titularle la tierra a los campesinos de la Reserva Forestal.  Esta nueva ley cambia el concepto de Patrimonio Forestal del Estado (todas las áreas protegidas) por el de Patrimonio Natural del Estado (todos los bosque en manos de las instituciones del Estado y las municipalidades; Art.13). Este cambio convierte las áreas con bosque en manos del IDA en parte del Patrimonio Natural del Estado. La ley establece que el Patrimonio Natural del Estado debe ser traspasado al SINAC (MINAE) y que estas solo se pueden utilizar para actividades científicas, educativas o de ecoturismo (Art. 18) limitando una vez más su utilización a los verdaderos poseedores y dueños de estas tierras.

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Reserva

El artículo 13, que obliga al IDA a traspasar la tierra al SINAC, no contempla las condiciones de muchas tierras, que como las de la Reserva Forestal Golfo Dulce se encontraban ocupadas por familias campesinas, dedicadas primordialmente a la actividad forestal. No se contempla en ninguno de los transitorios de esta ley, algún trámite o consideración por la condición de estas familias o su bienestar. No se previó ni en la ley, ni en su reglamento cual sería el manejo de las tierras ocupadas o el destino de dichas familias.

La solución, para las familias ubicadas en la Reserva Forestal,  dispuesta por la Sala Constitucional en su sentencia número 2456 del 2 de mayo de 1997 es la compra directa o la expropiación. Esta sentencia subraya la obligación que tiene el Estado, a través del SINAC, de adquirir los terrenos (titulados o en posesión) de las familias que no estén dispuestas a someterse a las condiciones de uso restringido del terreno que establece la Reserva Forestal.  La Sala Constitucional señalaba, que ya para aquel momento (20 años atrás) el Estado se había atrasado en la atención de los derechos de los campesinos afectados por la Reserva.

En las casi dos décadas desde la sentencia de la Sala Constitucional, el Estado ha avanzado de forma muy limitada en la compra de tierras. Además, en muchos lugares donde se han arraigado comunidades que pasan de los 50 años la opción de vender y abandonar es inapropiada tanto del punto de vista familiar-individual como social, económico y ambiental.  En estos años las comunidades han crecido disponiendo cada vez de más y mejores servicios públicos. El mismo gobierno ha fomentado el arraigo de las comunidades a través del fomento del ecoturismo (apoyando Caminos de Osa, por ejemplo) y el pago de los servicios ambientales (PSA-FONAFIFO). Las oportunidades económicas para las familias distan mucho de ser las óptimas pero han sido suficientes para que una gran mayoría descarte el abandono de la zona.

El país como un todo y la Península de Osa en particular se encuentra muy lejos de las condiciones que llevaron justificadamente a la visión preservacionista y acaparadora que subyace al concepto de patrimonio forestal del estado de los artículos 13 y 18 de la ley forestal. Con una cobertura forestal del 54% (en su mayoría en manos privadas) no se justifica concentrar los bosques en manos estatales.  La reorientación de la economía nacional hacia los servicios, el ecoturismo y la conservación han abierto las posibilidades para el desarrollo económico rural centrado en el bosque. Esta es la posibilidad que tiene los cantones de la Península de Osa. Es hora de pensar en una reforma de ley que actualice el concepto de Patrimonio Natural del Estado y lo ponga al servicio de las economías rurales centradas en el bosque, como es el caso de la Península de Osa.

Christen, C. A. (1975). TROPICAL FIELD ECOLOGY AND CONSERVATION INITIATiVES ON THE OSA PENINSULA, Costa Rica 1962-1973. In Y. Chatelin & C. Bonneuil (Eds.), Nature et Environment (Les Scienc). Paris, France: Orstom Editions.